LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LA INMIGRACIÓN: PROPUESTAS ELECTORALES
A continuación ponemos lo que los distintos partidos políticos proponen ante el reto de la inmigración para la próxima legislatura. En principio sólo hemos puesto tres partidos, si nos es posible seguiremos poniendo más.
Debemos destacar que no todos proponen lo mismo, conviene atender a lo que cada uno propone. De todas formas lo que nos parece más importante es que no se utilice la inmigración como forma de captar votos. Pensamos que hay temas básicos donde debe haber un consenso, esperamos que en la siguiente legislatura se consiga por parte de todos.
PULSA SOBRE LOS LOGOTIPOS PARA VER LOS PROGRAMAS DE INMIGRACIÓN
Sentimos no haber podido poner los de todos los partidos, pero no nos ha dado tiempo. Si alguien detecta algún error rogamos que nos lo hagan saber.
1.2. UNA INMIGRACIÓN VINCULADA AL EMPLEO. DEL PROGRAMA DEL PSOE.
Si la política de la última Legislatura se ha centrado en asegurar las formas de entrada regular a España y de acceso a nuestra sociedad, la política de la próxima legislatura será ante todo la de garantía de la convivencia y desarrollo para todos los que viven en España. Las nuevas entradas a España, siempre en el marco de las necesidades de empleo de nuestro mercado laboral, deberán ahora subordinarse también a la reagrupación familiar y al empleo de los inmigrantes que ya residen entre nosotros.
Nuestro programa en materia de inmigración para los próximos cuatro años está fundado sobre dos principios garantes de nuestra convivencia:
Igualdad plena de derechos y deberes para todos quienes residen regularmente en España, nacionales y extranjeros; igualdad en el acceso a servicios públicos de calidad, capaces de mantener y mejorar sus prestaciones para nacionales y extranjeros; ningún español ni ningún extranjero deben ser objeto de exclusión o discriminación en la atención de las administraciones e instituciones españolas.
Legalidad en el respeto al marco de convivencia del que nos dotamos, en la plena aplicación de las leyes y del respeto de los derechos y principios constitucionales; legalidad en el mantenimiento de las vías legales de entrada y residencia, adaptadas a nuestra capacidad de acogida y consensuadas socialmente como hasta hoy; y legalidad en la lucha contra el fraude y la discriminación.
Nuestro compromiso es ante todo un compromiso de seguridad: seguridad mediante reconocimiento de derechos y protección frente a la discriminación para quienes han accedido regularmente a nuestro país; seguridad para quienes vivimos en España con una política realista de entrada y la garantía del derecho a la reagrupación familiar que tengan en cuenta las necesidades del empleo y nuestra capacidad de acogida; y seguridad también para todos mediante la lucha contra quienes quieran poner en peligro nuestra convivencia con el fraude, con el tráfico de personas, con la discriminación con la demagogia.
Canalización ordenada de los flujos migratorios. Lucha contra la irregularidad. Acuerdos de asistencia y de cooperación con los países de origen y de tránsito.
Los y las socialistas renovamos nuestra apuesta por una inmigración ordenada en un marco de legalidad. Seguiremos profundizando la labor de refuerzo de los controles y mecanismos de lucha contra la inmigración clandestina, que combatiremos con toda la determinación. La lucha contra la trata de seres humanos para la explotación sexual y laboral será un elemento esencial de nuestra política.
Nos proponemos dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y potenciar las infraestructuras dedicadas a estas tareas. Asimismo, ampliaremos, especialmente en Canarias, los equipos necesarios para el control de costas, mar territorial y patrullaje buscando la cooperación con los países de procedencia de la inmigración irregular.
Vamos a prevenir eficazmente los movimientos y las llegadas irregulares de personas a nuestras fronteras, combatiendo con firmeza y contundencia a las redes de inmigración ilegal, prestando especial apoyo a las CCAA que por sus características geográficas son receptoras de inmigrantes.
Por sus dimensiones e implicaciones, es obvio que la regulación y el control de los flujos migratorios es una delicada, compleja y grave cuestión de Estado, en la que concurren la gestión de intereses y de políticas de España y de la Unión Europea, y las relaciones con terceros y vecinos países, de importancia geoestratégica para España y para los demás miembros de la UE. Flujos migratorios de cuyo control y regulación se derivan obvias e importantísimas implicaciones para la seguridad nacional y el bienestar de España y de la Unión.
Por eso, y dentro de la política global del Gobierno de España en relación con la gestión y ordenación de la inmigración, nuestra política específica ha estado dirigida a:
- Mejorar la eficacia de nuestros controles en las fronteras marítimas y terrestres.
- Impulsar y mejorar los procedimientos de expulsión y devolución de inmigrantes irregulares.
- Dotar de medios y condiciones adecuadas a los Centros de Internamiento y de Acogida de Extranjeros.
- Incrementar la actividad y la eficacia de la Policía y la Guardia Civil contra las redes de inmigración ilegal.
- Impulsar la cooperación operativa con los demás países e instituciones de la Unión Europea y con los Estados de origen o tránsito de los flujos migratorios irregulares.
El esfuerzo del Gobierno de España en medios materiales y humanos, en el establecimiento de una verdadera cooperación internacional y en la ejecución real de potentes dispositivos operativos multilaterales, ha sido evidente durante la pasada legislatura. Gracias a ese esfuerzo del Gobierno socialista, hemos logrado que el control de los flujos irregulares de inmigración, a escala global, constituya definitivamente una prioridad para la Unión Europea, como así viene reflejándose en las Comunicaciones de la Comisión y en las Conclusiones del Consejo.
Además, en el Consejo Europeo de diciembre de 2005 se aprobó y se inició la puesta en marcha del “Enfoque Global sobre Migración”: medidas prioritarias centradas en África y el Mediterráneo”, impulsado por el Presidente del Gobierno de España, y en el que se incluye un conjunto de medidas –algunas de las cuales son de interés prioritario para España– de cara a lograr una eficaz lucha contra la inmigración irregular procedente del continente africano.
Durante la próxima legislatura, los socialistas vamos a seguir potenciando todas las medidas de seguridad nacional y de control de fronteras dirigidas a vigilar e inspeccionar con firmeza el eficaz y estricto cumplimiento de nuestras disposiciones legales en materia de inmigración y de estancia en España, condición necesaria para hacer realidad los valores de integración, ciudadanía constitucional y de cohesión social en que se funda nuestra convivencia y nuestra seguridad pública.
Para ello, nos comprometemos a poner en marcha durante los próximos cuatro años a:
- Un endurecimiento de las penas y de las medidas y sanciones económicas contra los dirigentes y los miembros de las redes y mafias que trafican con seres humanos.
- Una política efectiva de control de la entrada o estancia ilegal de los extranjeros en España. Para ello llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
- Establecer nuevos dispositivos –y a potenciar y a mejorar los ya existentes– para custodiar y controlar mejor nuestras fronteras exteriores, incorporando las modernas técnicas de inspección y control en los puestos fronterizos, extendiendo los sistemas de detección marítimos y terrestres y de control de vehículos, e incorporando nuevas y potentes embarcaciones destinadas al efecto.
- Agilizar los procedimientos de expulsión del territorio español de aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular, especialmente los que delincan o mantengan conductas antisociales o alteren el orden y la seguridad pública.
- Proceder a una modificación del actual período máximo de 40 días de detención de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ampliándolo a un período homologable con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, y que permita el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites de identificación y repatriación de los inmigrantes irregulares.
- En dicha reforma –y para evitar que se pueda burlar la aplicación de la normativa en materia de extranjería– vamos a introducir también una modificación para que en los supuestos en los que el extranjero irregular que se encuentre interno en un CIE e inste, en dicha situación, el procedimiento tendente al reconocimiento del derecho de asilo o la condición de refugiado, se interrumpa en ese momento el cómputo del plazo de permanencia en dicho CIE hasta la sustanciación del expediente administrativo.
- Endurecer las normas y las sanciones contra los empresarios y empleadores que contraten a extranjeros que no se hallen en situación legal en España. Para ello, pondremos en marcha un Plan específico de actuación conjunta entre la Inspección de Trabajo y los servicios de la Policía y de la Guardia Civil.
- Contribuiremos activamente al desarrollo y promoción de la política de integración de los y las inmigrantes legales en la sociedad española, velando por un completo disfrute, sin ninguna discriminación, de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. Y vigilando también por el estricto cumplimiento de los deberes que la Carta Magna nos impone a todos, exigiendo el respeto e impidiendo la vulneración de unos y otros, incluso en las relaciones interpersonales e internas de los propios colectivos de inmigrantes.
- Reforzar e impulsar los recursos humanos y materiales de los Cuerpos policiales para el desarrollo de los dispositivos operativos de control general de nuestras fronteras; y para combatir eficazmente las mafias de redes de inmigración irregular.
- Seguiremos impulsando la cooperación policial en el seno de la Unión y con los terceros Estados, impulsando las capacidades y potencialidades operativas y de intercambio de información que ofrece ya FRONTEX.
La lucha contra la denominada irregularidad sobrevenida formará parte prioritaria de nuestra política de control. Llevaremos a cabo un plan para garantizar el retorno deaquellas personas que, accediendo a nuestro país como turistas, no cumplen con la legalidad y prolongan su estancia de manera irregular.
En la próxima legislatura, nuestra capacidad de acogida prestará una atención preferente a quienes hayan sido o vayan a ser reagrupados por sus familiares residentes. Facilitaremos el ejercicio de la reagrupación en el marco de la legalidad vigente, teniendo en cuenta, asimismo, las condiciones de viabilidad del proyecto de inmigración familiar como garantía su posterior integración.
El Gobierno socialista trabajará para:
- Garantizar la posibilidad real de la reagrupación mediante las vías legales de entrada; el Gobierno socialista promoverá, entre otras, las medidas necesarias para que las solicitudes de reagrupación familiar puedan resolverse en el plazo máximo de dos meses.
- Asegurar que la reagrupación se desarrolla de acuerdo con las previsiones legales; nos comprometemos a intensificar los controles y las sanciones frente a quienes promueven la estancia irregular de sus familiares.
-Tener en cuenta la incidencia de la reagrupación familiar en las necesidades y coberturas del mercado laboral, a la vez que se promueve la integración laboral de quienes ya residen regularmente en España, y especialmente de los reagrupados; el Gobierno hará posible que la autorización de trabajo de los reagrupados del núcleo familiar se incorpore de manera automática a la de residencia. Seguiremos atendiendo las necesidades estables del mercado laboral, posibilitando la entrada de nuevos trabajadores desde el extranjero, sólo cuando no existan suficientes y disponibles en España. Manteniendo siempre la obligación de llegar a España con una autorización en regla, los socialistas nos comprometemos a:
- Impulsar y agilizar la tramitación de la autorización de la residencia y trabajo de los extranjeros para cubrir por vías regulares las necesidades de nuestro mercado laboral; adecuaremos la administración consular a estas nuevas necesidades y mejoraremos las vías de acceso de los empresarios a la administración en España y en el exterior, incrementando los recursos humanos y materiales de las oficinas de extranjería en aquellas Comunidades receptoras de un mayor número de trabajadores extranjeros.
- Promover la formación de las y los trabajadores inmigrantes previa a su incorporación al puesto de trabajo, en España o en sus países de origen.
- Integrar en nuestra política de inmigración la contratación de trabajadores especializados o de alta cualificación para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas; el Gobierno socialista facilitará la contratación de extranjeros en cuya actividad profesional concurran especiales razones de interés científico, económico o social y agilizará los procedimientos de reconocimiento de sus correspondientes titulaciones.
- Garantizar que la entrada de trabajadores extranjeros no suponga una merma de las condiciones de trabajo de los españoles y extranjeros residentes. Los procesos de determinación de las necesidades de mano de obra seguirán contando con la participación de los agentes sociales: el contingente anual se configurará como un instrumento con cada vez mayor protagonismo en regulación de la entrada de trabajadores inmigrantes en España.
Los últimos años muestran los efectos positivos en España y en los países de origen de las experiencias de migración temporal, orientadas desde un inicio al retorno al país de origen y la inversión en el mismo del capital obtenido en España. Desde el Gobierno, los socialistas impulsaremos estas experiencias como forma fundamental de codesarrollo:
- Incrementando los incentivos para las y los trabajadores extranjeros que participen en estos proyectos y cumplan con sus obligaciones de retorno, dándoles prioridad para las nuevas contrataciones y accesos posteriores a los contingentes de entrada estable.
- Garantizando los derechos de quienes participan en estos proyectos, y especialmente sus condiciones laborales y de alojamiento.
- Fomentando la coordinación de los distintos trabajos de temporada en todo el territorio nacional.
- Intensificando el control y la lucha contra la contratación irregular en el marco de las campañas de trabajo de temporada.
Una administración migratoria moderna, eficaz e integrada con las Comunidades Autónomas.
El gran reto para los próximos años de la política de inmigración en España es la adaptación de la Administración migratoria a la realidad y sus necesidades de gestión: debemos atender las solicitudes de reagrupación familiar y contratación en origen, controlar adecuadamente las solicitudes de visado turístico y las entradas de corta estancia pero, sobre todo, debemos ser capaces de atender ágilmente a las y los extranjeros residentes en el cumplimiento de sus obligaciones de autorizaciones y renovaciones e integrar en las decisiones de la Administración la consideración de todos los aspectos de la situación migratoria.
El Gobierno Socialista ha dado un importante paso para la modernización de la estructura administrativa a través de la creación y consolidación de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración como órgano de coordinación de las políticas que residen en diferentes ministerios. Es necesario ahora avanzar en la modernización estructural con la creación de una Agencia Estatal de Migraciones, concebida como el instrumento de gestión que posibilite hacer más simples, más rápidos más seguros los procesos administrativos. La Agencia se encargará de recibir y resolver todas las autorizaciones de residencia y de trabajo de extranjeros que corresponden a la Administración del Estado, asegurando la agilidad de todos los trámites internos y externos y se encargará de los trámites de registro de las y los ciudadanos de la UE.
Asimismo, la creación de la Agencia permitirá una mejor coordinación y gestión de las políticas generales de control y lucha contra la irregularidad.
Es fundamental asegurar la coordinación entre la competencia exclusiva del Estado en política de inmigración y extranjería y la competencia ejecutiva de algunas CCAA en materia de autorización inicial de extranjeros, garantizando así la unidad del mercado laboral en todo el territorio y el desarrollo de las directrices de la política estatal de inmigración por parte de las actuaciones autonómicas. Por ello, el Gobierno socialista:
- Promoverá la extensión a todas las Comunidades Autónomas de las facultades en materia de autorizaciones de trabajo iniciales a extranjeros.
- Desarrollará plenamente las facultades autonómicas estatutarias sobre participación en las decisiones estatales de política migratoria y sobre ejecución laboral; las Comunidades Autónomas afectadas participarán en la Agencia Estatal de Migraciones y en los procedimientos coordinados para autorizar el trabajo inicial y la residencia de las y los extranjeros.
- Intensificará las actuaciones de coordinación entre las administraciones migratorias y laborales del Estado y las Comunidades Autónomas, integrando los intereses respectivos en las decisiones de cada una de las administraciones.
La dimensión internacional: exigencia de cooperación.
La inmigración afecta a la práctica totalidad de los Estados de la Comunidad Internacional que son países de origen, tránsito o destino de los flujos de inmigrantes. Se impone, por tanto, que las estrategias que llevamos a cabo asuman la corresponsabilidad en la gestión eficaz de los flujos migratorios así como reforzar la cooperación internacional en sus dos dimensiones: multilateral, con especial atención a la Unión
Europea, y bilateral con los países de donde proceden los flujos de inmigrantes.
Vamos a trabajar de un modo activo en la incorporación de la cuestión migratoria a la agenda de los Organismos multilaterales de los que España es parte con un doble objetivo: de un lado, lograr un consenso internacional suficiente en torno al diseño de las mejores políticas públicas migratorias que los Estados deberán aplicar con el fin de contribuir de un modo coherente al desarrollo. De otro, reforzar el estatuto de derechos del migrante en el plano internacional a través, en particular, de la ratificación de los Tratados internacionales relevantes en materia de protección de los derechos de los inmigrantes, entre los que cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de todos los trabajadores migrantes y sus familiares de 1990.
Una actuación especial va a merecer, en segundo lugar, la necesidad de afianzar la Política común e integral de inmigración en el seno de la Unión Europea. Europa debe ser capaz de promover el desarrollo de un sistema común, integral y equilibrado de gestión de la inmigración sobre la base de las Conclusiones del Consejo Europeo en diciembre de 2005. El Gobierno socialista, de acuerdo a su compromiso de convertir la lucha contra el empleo clandestino en una prioridad, impulsará la puesta en marchade las nuevas medidas diseñadas en el seno de la Unión Europea en materia de sanción del empleo ilegal, que servirán de refuerzo al sistema establecido en nuestro ordenamiento y supondrán, en particular, una mejora de la inspección de trabajo.
Los socialistas apostamos por seguir reforzando las estrategias bilaterales con los países de origen y tránsito de los inmigrantes para luchar conjuntamente contra la inmigración clandestina y dotarnos de los instrumentos eficaces para la gestión integral y concertada de los flujos migratorios.
Un proyecto de integración crucial para la convivencia y la cohesión social.
La inmigración es una oportunidad y la integración el gran reto social de sociedades desarrolladas como la nuestra. El Plan de Integración ya define claramente los principios, premisas y objetivos en materia de integración de los inmigrantes hasta el periodo 2010, incluyendo programas y medidas concretas. Es preciso profundizar en aquellas políticas que más incidencia pueden tener en la cohesión social, como es la educación, y en la convivencia facilitando la igualdad de oportunidades y evitando el deterioro de los servicios públicos. Los socialistas haremos de la integración una apuesta de primer orden de nuestro Gobierno y para ello nos comprometemos a:
- Desarrollar una Estrategia Nacional de refuerzo de los servicios públicos de educación y sanidad, dirigida a la garantía de calidad del sistema educativo y sanitario en aquellos barrios y localidades que reciben un mayor número de inmigrantes, apoyando los esfuerzos de las administraciones, con especial atención a la prevención y lucha contra el absentismo escolar, la segregación, la promociónen el acceso de las personas inmigrantes a las enseñanzas no obligatorias y el apoyo al profesorado y formadores así como la dotación de medios materiales y personales adecuados a las nuevas necesidades de atención y a la eliminación de barreras en el acceso al servicio público sanitario.
- Profundizar en la cooperación con CCAA y Ayuntamientos incrementando el Fondo para la acogida e integración de las y los inmigrantes y apoyando especialmente estrategias de barrio que contemplen la prevención y la intervención ante situaciones de hacinamiento y segregación residencial y la intervención
con jóvenes en riesgo de exclusión.
- Desarrollar protocolos de cooperación y coordinación que faciliten la planificación de los servicios públicos de cara a mejorar las condiciones de acogida e inserción laboral en los procesos de reagrupación familiar.
- Establecer sistemas objetivos de solidaridad interterritorial con objeto de repartir las cargas derivadas de situaciones específicas y de emergencia.
- Promover un modelo integral de acogida que proporcione a los inmigrantes el conocimiento y la comprensión de las normas, valores y lenguas de la sociedad a la que se incorporan.
- Llevar a cabo planes de gestión de la diversidad y de interculturalidad en distintos ámbitos, en especial en la empresa, la comunidad educativa, servicios de salud, seguridad y justicia.
- Impulsar medidas que consoliden el codesarrollo como políticas de integración de los inmigrantes y de desarrollo de sus países de origen.
- Promover programas de retorno voluntario, sobre los principios de voluntariedad y sostenibilidad, para el desarrollo de proyectos productivos en el país de origen.
- Impulsar una Estrategia Integral de lucha contra el racismo y la xenofobia: promoviendo las reformas normativas pertinentes para un mejor tratamiento de los delitos con motivaciones racistas o xenófobas, creando una red nacional de Servicios de atención a las victimas y promoviendo la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los jueces y fiscales para facilitarles la identificación de delitos con motivación racista o xenófoba y para prestar a las víctimas de este tipo de delitos una asistencia adecuada a las especiales circunstancias que en ellos concurren.
- Las remesas han adquirido un volumen que supera la de cualquier otro instrumento para canalizar recursos desde el mundo próspero hacia los países en desarrollo. Esto convierte a las personas inmigrantes en un importante factor humano y un vector esencial en la lucha contra la pobreza en el mundo. Nuestro compromiso se establece en lograr un progresivo abaratamiento de los envíos y en promover su destino eficiente en términos de desarrollo.
CONSEGUIR LA PLENA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
Las ideas claras
Principios
Desafíos
1182. La inmigración es uno de los grandes retos del siglo XXI. Es también una oportunidad para el desarrollo de los países de origen y de destino. Los inmigrantes incorporan progreso a sus países y contribuyen al progreso del nuestro.
1183. La legalidad debe ser el principio básico de la política de inmigración. Fuera de ella, los inmigrantes quedan expuestos a la explotación, las mafias y el abuso.
1184. La integración permite una convivencia sin discriminaciones. Una sociedad abierta y libre no puede admitir ningún tipo de segregación o de trato diferenciado en función de la procedencia, del origen étnico o de las creencias religiosas de sus miembros.
1185. Nuestra política de inmigración se sustenta en dos ejes básicos: garantizar el control de las fronteras, los flujos legales y el máximo respeto a la ley y a los derechos humanos favoreciendo, al mismo tiempo, la integración de todos los extranjeros que viven con nosotros.
1186. Queremos una sociedad integrada, que garantice el derecho a la igualdad y que no acepte divisiones en función del origen étnico o las creencias religiosas de cada uno de sus miembros. Queremos una sociedad pluralista, enriquecida por acentos diferentes que decide compartir una misma lengua y los mismos valores.
1187. La nación española es sociedad de acogida. Nuestros valores constitucionales son la base sobre la que debe producirse la integración. Negarlos a los inmigrantes les privaría precisamente de aquello que vinieron a buscar en nuestro país: libertad, igualdad y bienestar. La sociedad española no debe tolerar lo inadmisible: la falta de respeto a la ley y a los valores comunes, como la igualdad entre hombres y mujeres.
1188. España es ya el primer receptor de inmigrantes de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial.
1189. La política de inmigración debe responder a esta realidad y no dejarse guiar por la demagogia y la improvisación. En estos últimos cuatro años, el ineficaz control de fronteras y una regularización masiva de inmigrantes rechazada por la Unión Europea ha causado un “efecto llamada” que ha convertido a España en uno de los destinos preferidos de las mafias que trafican y explotan a las personas.
1190. La inmigración irregular es también la consecuencia de una política inadecuada e ineficaz para canalizar legalmente los flujos migratorios. Las personas que llegan a España por los cauces regulares son una minoría. El principal reto que tiene España es mejorar el sistema de llegada legal de inmigrantes, evitando así la explotación, los abusos y la incertidumbre de quienes viven al margen de la ley sin desearlo.
1191. Es necesario plantear una política de inmigración de gran alcance, de manera que España se convierta en un país al que sea más fácil llegar legalmente que irregularmente.
1192. El gran desafío para la sociedad española en los próximos años es diseñar un modelo de integración que garantice la plena convivencia.
1193. El fuerte impulso del empleo y el dinamismo económico heredado de años anteriores han contribuido a generar las condiciones para facilitar la integración de los inmigrantes. Una política económica que vuelva a generar empleo y oportunidades es vital para la integración.
1194. Sin una Administración ágil y capaz es imposible gestionar una inmigración legal. El fenómeno de la inmigración ha sido rápido y amplio y el gobierno no ha sabido estar a la altura. Las competencias en esta materia están dispersas, los medios son insuficientes, no hay oficinas dentro ni fuera de España para atender ágilmente las concesiones o rechazos de permisos. Ha fracasado la acción internacional del gobierno, con acuerdos que no son tales o que se incumplen sin disimulo.
1195. Nuestra política de inmigración tiene dos objetivos: legalidad e integración.
1196. Asumimos como objetivo desarrollar una política de inmigración responsable y ordenada, que trabaje por una política común en la Unión Europea.
1197. Queremos un control de las fronteras eficaz y derrotar a las mafias.
1198. Crearemos nuevos cauces regulares de llegada en función de la capacidad
real de absorción de nuestro mercado de trabajo.
1199. La política económica tendrá como objetivo generar oportunidades para
todos.
1200. La política de integración perseguirá garantizar un modelo de convivencia basado en la igualdad de derechos y deberes, obligaciones y oportunidades.
1201. Queremos que los inmigrantes compartan los valores comunes de la sociedad española. Principios como la igualdad entre hombres y mujeres son irrenunciables.
1202. Plantearemos una nueva política de inmigración. Queremos una Administración que se encuentre al nivel del reto que constituye una España en la que uno de cada diez habitantes es inmigrante.
Propuestas
Apostaremos por un modelo que garantice la inmigración legal
1203. Prohibiremos por ley las regularizaciones masivas, transmitiendo así un mensaje claro e inequívoco de rechazo a la inmigración ilegal.
1204. Crearemos una Agencia de Inmigración y Empleo que facilite la selección, formación y contratación de trabajadores extranjeros con plenas garantías.
1205. Crearemos un nuevo sistema de permisos para la entrada legal en España, estableciendo vías que sirvan eficazmente para que lleguen a nuestro país el número de inmigrantes adecuado y que sean aquellos que puedan integrarse con mayor facilidad. Se suprimirán los mecanismos que han demostrado su fracaso, como el llamado “contingente”, y serán sustituidos por las siguientes vías:
• Fomentaremos la contratación en origen, supervisada por la Agencia de Inmigración y Empleo y en colaboración con el sector privado acreditado para ello.
- Se permitirá que las empresas españolas puedan disponer de los servicios de agencias privadas, capaces de ofrecer en tiempo real y en origen, los perfiles que realmente se necesitan.
- Las agencias privadas estarán supervisadas por la Agencia de Inmigración y Empleo, que sancionará cualquier clase de abuso. Las agencias se harán responsables del retorno a su país del inmigrante si transcurrido un tiempo no logra insertarse en el mercado de trabajo español.
• Cada año el Estado fijará un número de visados con permiso de trabajo en línea con las expectativas de crecimiento económico. El cupo de permisos a conceder será único, sin establecer en él cuotas por países. A dicho cupo sólo podrán optar los nacionales de Estados que cumplan de manera efectiva los acuerdos que en materia de inmigración tengan suscritos con España.
- Los extranjeros interesados concursarán en un sistema de puntos, en el que éstos serán otorgados en función de circunstancias que favorezcan su integración, tales como el conocimiento de la lengua, experiencia profesional y titulación, conocimiento del sistema legal español, su historia y su cultura.
- A los que obtengan mayor puntuación se les concederá un permiso para residir y trabajar en España durante un año, sin limitación de sectores de actividad ni ámbito territorial. Firmarán una carta comprometiéndose a abandonar España si concluido el año no han logrado insertarse en el mercado laboral.
• Se establecerá un visado específico para trabajadores especialmente cualificados o para profesionales de sectores demandados como nuevas tecnologías e investigación científica.
1206. Proponemos regular de forma precisa la reagrupación familiar. Para ello acercaremos nuestra normativa a la de otros países europeos y a la vigente Directiva Europea. La reagrupación estará siempre subordinada a que las condiciones de ingresos y vivienda del inmigrante permitan realmente la vida en familia.
1207. Levantaremos la prohibición actual que impide trabajar al familiar reagrupado (cónyuge o hijo mayor de 16 años). Con ello reduciremos la economía sumergida y evitaremos una situación indeseable que perjudica tanto al inmigrante reagrupado como a la sociedad de acogida.
1208. Revisaremos el sistema de visados turísticos, concediéndolos solamente a aquellas personas que puedan acreditar medios adecuados para el propósito de su visita.
1209. Fortaleceremos el control de las fronteras de nuestro país. El objetivo será contar con una vigilancia de fronteras de máximo nivel, capaz de poner freno de manera efectiva a la entrada irregular, ya sea en los propios puestos fronterizos, en las costas o en las fronteras terrestres.
1210. Aumentaremos los efectivos y mejoraremos la especialización de los funcionarios policiales en las fronteras, potenciando unidades especializadas para su control.
1211. Fortaleceremos los controles en las fronteras, tanto las exteriores al espacio Schengen como en las fronteras interiores de la Unión Europea mediante controles móviles.
1212. Pondremos en marcha un sistema integral de información para fortalecer el control en todas las fronteras.
1213. Extenderemos el Sistema de Vigilancia SIVE a todas las Islas Canarias y de forma progresiva, al litoral español en zonas con especial riesgo y al Archipiélago Balear.
1214. Convertiremos el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en un servicio integral, dotado de todos los medios navales y aéreos necesarios para el control eficaz de la entrada de inmigrantes irregulares por vía marítima.
1215. Elaboraremos un Plan de refuerzo de medios materiales y humanos en los órganos judiciales competentes sobre extranjería.
1216. Exigiremos la colaboración de las compañías aéreas para evitar el embarque de personas que quieren entrar irregularmente, reforzando los mecanismos de sanción. Deberán informar de la no utilización por parte del extranjero, con visado de estancia temporal, del billete de vuelta en la fecha prevista.
1217. Aumentaremos los medios materiales e impulsaremos la tecnología avanzada en todos los puestos fronterizos.
1218. Realizaremos una política que garantice el cumplimiento efectivo de los acuerdos de colaboración con los países de origen o de tránsito. Dichos acuerdos incluirán garantías de cumplimiento a las que se vinculará la política española de Ayuda Oficial al Desarrollo. Los acuerdos se dirigirán a:
• Evitar el funcionamiento de redes de tráfico ilegal de inmigrantes.
• Puesta en marcha de patrullas conjuntas de control con los países de origen o de tránsito.
• Retorno rápido de los extranjeros en situación irregular que procedan de dichos países.
1219. Estableceremos instrumentos adecuados para garantizar el retorno, devolución o repatriación de extranjeros en situación irregular. Para ello:
• Se reformarán y simplificarán los procedimientos administrativos para agilizar las repatriaciones, introduciendo las medidas legales apropiadas.
• Se dará prioridad a las expulsiones de aquellos extranjeros que hayan cometido delitos.
• Se establecerán protocolos claros de actuación en las situaciones de retorno, devolución y repatriación, para que -salvaguardando las garantías para los afectados- se asegure el derecho del Estado a hacer valer sus disposiciones.
1220. Promoveremos una legislación específica sobre los menores de edad no acompañados que facilite su protección y retorno a los países de origen.
1221. Todo extranjero que cometa un delito menor deberá ser expulsado de inmediato, de acuerdo con lo que se establezca en el Código Penal, y con las debidas garantías judiciales.
1222. Lucharemos contra las redes de inmigración ilegal, aumentando los medios para desarticularlas en origen. Se incrementarán las sanciones y se endurecerán las penas para los sujetos que trafican con personas.
1223. Modificaremos la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Extranjería en materia de condiciones, requisitos y efectos del Padrón Municipal, de forma que garantice los derechos de los inmigrantes recogidos en nuestra legislación, e incorpore información permanente, actualizada y disponible sobre los extranjeros.
1224. Reformaremos el Reglamento del Padrón Municipal para mejorar la ejecución de los trámites administrativos de empadronamiento, su renovación y su cancelación. Trabajaremos por la integración
1225. Crearemos un Contrato de Integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país. El contrato será suscrito por todo inmigrante extracomunitario que solicite la primera renovación del permiso de residencia y trabajo. Es decir, cuando ya lleve un año en España y manifieste su intención de adquirir una situación estable en la sociedad española.
• En el Contrato de Integración el inmigrante se comprometerá a cumplir las leyes y a respetar los principios, valores y costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones, a trabajar activamente para integrarse, y a retornar a su país si durante un tiempo carece de empleo y de medios.
• La Administración española se comprometerá a garantizarle los mismos derechos y prestaciones que a un español, a ayudarle en su integración, a respetar sus creencias y costumbres –siempre que éstas últimas no sean contrarias a las leyes españolas-, a enseñarle la lengua, a ayudarle y formarle para encontrar empleo, y a colaborar en su retorno si carece de empleo y de medios.
• Para el cumplimiento del contrato se podrán establecer mecanismos de evaluación.
1226. Nos comprometemos a agilizar el proceso de homologación y convalidación de títulos, y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los inmigrantes, como vía de integración mediante el ejercicio de su profesión, sin perjuicio de las necesarias garantías académicas.
1227. Promoveremos la integración de los alumnos inmigrantes en el sistema educativo, flexibilizando de manera individualizada su integración y atendiendo a las necesidades específicas de cada alumno que se incorpore, bien sea por desconocimiento de la lengua o por disparidad de nivel académico.
1228. Ofreceremos cursos de formación para adultos para el aprendizaje de la lengua y de los valores de la sociedad española, en conexión con el contrato de integración. Queremos asegurar su más fácil integración, la mejor defensa de sus derechos y libertades, y el mejor cumplimiento de sus deberes. Aquellos que lo deseen, también podrán aprender la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en la que en su caso residan.
1229. Pondremos en marcha un Programa de atención especial a colegios donde se concentre más de un 30 por 100 de alumnado extranjero, en colaboración con las Comunidades Autónomas, dirigido a promover la integración, así como a mejorar la convivencia escolar y el rendimiento educativo, en su caso.
1230. Crearemos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Programa especial para la “segunda generación” de inmigrantes, especialmente aquellos que llegan a España años después que sus padres.
1231. Se desarrollará un Plan específico de protección e integración de las mujeres inmigrantes que puedan ser víctimas de la violencia de género.
1232. Intensificaremos la lucha contra la contratación ilegal y contra la explotación laboral, multiplicando los efectivos de inspección dedicados a controlar el cumplimiento de las leyes vigentes.
1233. En colaboración con el resto de Administraciones impulsaremos planes de actuación preferente en zonas con elevada tasa de población inmigrada.
1234. Mejoraremos la atención humanitaria y la acogida a los inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad, prioritariamente en Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y costas de Andalucía y Levante, en coordinación con el resto de Administraciones Públicas.
1235. Mejoraremos los mecanismos para evitar los matrimonios en fraude de ley y los matrimonios forzosos.
1236. Con carácter inmediato, el gobierno abrirá un proceso de valoración de los resultados de la moratoria de permisos de trabajo impuesta a los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria. Dicha valoración se hará sobre los datos estadísticos de llegadas de ciudadanos rumanos y búlgaros a partir del 1 de enero de 2007, e incluirá una valoración de las pérdidas de ingresos para la Seguridad Social y la Hacienda Pública, así como datos de ciudadanos de estas nacionalidades que han sufrido casos de explotación laboral. Se analizarán igualmente las experiencias de otros países europeos que han establecido una moratoria o la han levantado. Realizada la citada valoración, el gobierno tomará una decisión sobre la continuidad o, por el contrario, el levantamiento de la moratoria.
1237. Respaldaremos las iniciativas empresariales de los inmigrantes mediante su inserción en los programas de microcréditos o créditos especiales con aval público.
1238. Apoyaremos, conjuntamente con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, iniciativas de lucha contra la xenofobia, el racismo y la discriminación.
1239. Incentivaremos la competencia entre entidades y agentes financieros con el objetivo de lograr el abaratamiento del coste de las remesas.
1240. Desarrollaremos programas de apoyo a la adquisición de viviendas en los paises de origen.
1241. Apoyaremos de manera decidida las iniciativas de codesarrollo, contribuyendo a que los inmigrantes que voluntariamente lo deseen puedan destinar parte de sus ingresos a inversiones productivas y creación de empresas en sus países de origen.
Adecuaremos la respuesta de la Administración al reto migratorio
1243. Se adoptarán medidas de organización de la estructura del gobierno para hacer frente a una gestión eficiente de la inmigración.
1244. Crearemos una Agencia de Inmigración y Empleo, como órgano de gestión -dentro y fuera de España- de los flujos migratorios legales. Igualmente, se encargará de los contratos de integración y de coordinar las acciones dirigidas a conseguir la integración de los inmigrantes.
• La Agencia de Inmigración y Empleo contará con Oficinas de Inmigración y Empleo en los países de origen. Su misión será triple:
- Supervisarán la legalidad de las actuaciónes de contratación en origen por parte de agencias privadas.
- Impulsarán con celeridad y eficacia la concesión de permisos y visados en los casos que la ley permita.
- Trabajarán con las autoridades del país de origen para lograr una colaboración efectiva en la legalidad de la afluencia de inmigrantes.
• Crearemos una red de Oficinas de Inmigración y Empleo en toda España. Estas oficinas tramitarán los permisos, concediéndolos o denegándolos en tiempo real. Al mismo tiempo, impulsarán actuaciones de integración en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
1245. Propondremos el establecimiento de un Comisario Europeo de Inmigración y plantearemos la constitución en el Parlamento Europeo de una Comisión específica para la inmigración.
1246. Incorporaremos a nuestro ordenamiento las normas comunitarias que el gobierno socialista no ha traspuesto, tales como la que se refiere a residentes de larga duración, la de obligaciones de los transportistas, la de permisos de estudios, la de admisión de investigadores científicos.
1242. Promoveremos programas que favorezcan el retorno voluntario, propiciando así la denominada “inmigración circular”, ya sean inmigrantes que han finalizado su proyecto migratorio o que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad social.
1247. Priorizaremos en la cooperación al desarrollo, la colaboración efectiva en materia de inmigración, dando preferencia en la Ayuda Oficial al Desarrollo a aquellos países que colaboren activamente en la lucha contra la inmigración irregular.
1248. Realizaremos una política constructiva de diálogo y acuerdo con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Fijaremos criterios objetivos para el necesario ejercicio de solidaridad entre Comunidades Autónomas. Pondremos especial atención a las necesidades derivadas de la concentración de inmigrantes irregulares en Canarias, Ceuta y Melilla.
5.1. Todos/as Ciudadanos/as. DEL PROGRAMA DE I.U.
Las propuestas programáticas que se formulan parten de una valoración nada halagüeña de la situación actual de las políticas migratorias.
En el ámbito de la UE La carencia de una política de Inmigración común, dada la defensa que cada Estado hace de sus competencias exclusivas, ha devenido en ampararse en el paraguas comunitario, mediante acuerdos intergubernamentales, Comunicaciones o Directivas, solo para aquellas medidas que, por su carácter represivo y, en la mayoría de los casos, de vulneración de derechos humanos, serían de difícil aprobación -por su previsible rechazo social- en los parlamentos nacionales. De esta forma, los gobiernos de los Estados buscan eludir su responsabilidad directa en la aplicación de normas que aparecen como “emanadas de Bruselas” o de tal o cual grupo (el G-5, p.e.), como si no fueran parte integrante y determinante en ambos casos. Eluden, también, cualquier tipo de control de sus Parlamentos respectivos y pretenden, en definitiva, no pagar el coste electoral que pudieran conllevar dichas políticas. En esta constelación se encuentran–sin ánimo de ser exhaustivos- medidas y actuaciones que empiezan a formar parte de nuestra cotidianidad y a ser asumidas sin grandes críticas, pese a sus consecuencias desastrosas en términos de vidas humanas y de devastación de derechos.MAS IZQUIERDA
El blindaje de fronteras (SIVEs, vallas de alambradas, SIRGAS tridimensionales…), que pretende hacer inaccesible la frontera sur de Europa, con altísimos costes económicos y el mucho más doloroso en vidas y en sufrimientos, al forzar la cada vez más peligrosa complejidad y alargamiento de los trayectos.
La creación y las actuaciones del FRONTEX, diseñado con todo un aparato militar disuasorio, que no solo pretende “proteger” nuestras fronteras de “invasiones” indeseadas, sino impedir las salidas desde los países de origen o de tránsito a cualquier precio. La “lucha contra la inmigración ilegal”, equiparada a la lucha contra el tráfico de armas, el narcotráfico y la delincuencia internacional organizada (con lo que eso supone de incitación al rechazo y al miedo en el imaginario popular), que hace recaer el peso del castigo sobre las víctimas. Véase el tratamiento inhumano y degradante, hasta lindar con la tortura, del caso del Marine I, o, en otra vertiente, la Directiva de Retorno, que pretende ampliar hasta seis meses, con carácter previo a la expulsión, la privación de libertad en centros de internamiento de personas cuyo único delito es no tener un
permiso administrativo o no haberlo renovado a tiempo. La manipulación de las políticas de Cooperación y Ayudas al Desarrollo, o los Acuerdos de Partenariado Económico, en el caso de Africa, cuyo objetivo casi indisimulado es, por un lado, obligar a los países “beneficiarios” a aceptar la devolución de sus emigrados y a impedir su salida por cualquier medio, y, por otro, a imponer los intereses de las empresas y multinacionales propias (caracterizadas como la expresión de los “intereses generales” de nuestras sociedades), incluidas las del negocio del armamento que alimentan las masacres y las guerras. No habría que olvidar que Alemania ocupa el primer puesto en la venta de armas a países africanos y España el de la venta de municiones.
El bloqueo de cualquier tipo de inmigración que no sea la estrictamente de carácter laboral y cada vez más, aquella en condiciones de aportar excelencia en algún ámbito y seleccionada según las necesidades de nuestros mercados internos. Léase las de carácter humanitario (como aquel pequeño cuya vida dependía del permiso –denegado por el Consulado- para su traslado a un hospital español para una operación urgente y que lo consiguió porque el escándalo saltó a la prensa) o las legalmente reconocidas por reagrupación familiar, entre otras, que se tornan imposibles. Sin que podamos obviar que el Derecho de Asilo es la víctima más evidente.
En este punto el gobierno español no se ha desmarcado de los europeos y ha tenido el dudoso honor de encabezar algunas de las propuestas más duras. El PSOE parece haber asumido la “impopularidad” de discursos centrados en la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes (sean regulares o irregulares) presentes en nuestro país.
Su satisfacción al sumarse al discurso del inmigrante bueno es el inmigrante con una elevada cualificación profesional y con vocación de asimilarse al nacional pasado un tiempo prudencial, no contribuye a hacer una pedagogía desde la izquierda sobre la realidad de la inmigración, su vínculo con las políticas de la globalización neoliberal y, sobre todo, permite la subsistencia de una situación de “irregularidad” administrativa que despoja a miles de seres humanos de sus más elementales derechos.
Propuestas programáticas.
Bajo estas premisas, entendemos que el programa de IU debe ser claro y radical en defensa de los derechos y de una convivencia plural, que podríamos resumir en las siguientes propuestas:
Respeto y aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de lucha contra el racismo y la xenofobia a los que está vinculado el Estado Español, y ratificación de aquellos que aún no lo han sido, especialmente la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 45/158, de 18 de Diciembre de 1990.
Rechazo de las medidas o instrumentos que tiendan a impedir el derecho a emigrar consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la externalización del control de fronteras y al establecimiento de acuerdos de devolución con países donde no se respetan los Derechos Humanos. Oposición a la Directiva de Retorno, actualmente en trámite en el Parlamento Europeo.
Despojar las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo hacia los países de origen o tránsito de las migraciones de connotaciones coercitivas, prevaleciendo las necesidades de sus poblaciones sobre intereses comerciales o financieros, y suspender la venta de armas y municiones a países con conflictos.
Restituir al Asilo su carácter de Derecho Humano fundamental, con eliminación inmediata de la figura de “inadmisión a trámite” y de los obstáculos en frontera y consulares que impiden su ejercicio, estableciendo un sistema de garantías plenas de acogida e información sobre asilo y refugio.
Replantear el actual modelo migratorio, procediendo en primer lugar, con carácter de urgencia, a la derogación de los artículos y disposiciones de la LOEx anulados por el Tribunal Constitucional y abriendo de inmediato el proceso de elaboración de unaAverdadera Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España que derogue la actualmente en vigor y que garantice la necesaria coordinación entre los distintos Ministerios y Administraciones.
Llevar a cabo las modificaciones normativas y constitucionales necesarias para reconocer el derecho de sufragio –activo y pasivo- a los nacionales de países no comunitarios con permanencia legal de al menos dos años o que dispongan ya de permiso de residencia permanente.
Impulsar la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad para hacerla más accesible, especialmente a las personas de nacionalidad extranjera nacidas en territorio del Estado.
Revocar las órdenes de expulsión no ejecutables, dotando a las personas afectadas de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.
Reforzar los instrumentos de lucha contra las contrataciones ilegales, robusteciendo particularmente la Inspección de Trabajo.
Garantizar la acogida y tutela de los Menores extranjeros no acompañados o en desamparo, en cumplimiento estricto de los Tratados Internacionales y de la Ley del Menor. Suspensión inmediata de las repatriaciones forzadas ilegales, disfrazadas de “reagrupación familiar”. Apoyo a la inserción social y laboral de los tutelados cuando alcanzan la mayoría de edad.
Acceso pleno de las mujeres inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, a las medidas y planes de protección contra el maltrato y la violencia de género, cuyo máximo exponente es la trata y la prostitución, con preeminencia sobre la Ley de Extranjería.
Reforzar presupuestariamente y con los medios humanos y materiales necesarios los servicios sociales y los sistemas sanitarios y de educación públicos, fundamentalmente en aquellas zonas con carencias de origen, agudizadas hoy por una mayor concentración de población inmigrante, dotando de competencias y recursos a los Municipios para desarrollar sus funciones y atender los problemas más inmediatos de estas poblaciones.
Compromiso de potenciar el asociacionismo de las personas inmigrantes, a la vez que de facilitar su interlocución en las organizaciones políticas, sindicales y vecinales, instrumentos todos ellos necesarios para la participación en los asuntos públicos y para la defensa de sus intereses como trabajadores y como ciudadanos.